La semana pasada se anunció en los medios de comunicación que la Sala de los Amigos del Arte de Providencia se cerraba, debido a los problemas económicos de la corporación, provocado entre otras cosas, por la falta de auspiciadores. En vista de este hecho, cabe preguntarse de que manera el financiamiento de las actividades artísticas en períodos de crisis, puede verse afectado.
Se puede decir que hay cuatro mecanismos que financian una actividad artística, no excluyentes entre sí. Primero está la actividad filantrópica de personas que colaboran y financian sin esperar nada a cambio, debido a que gustan y disfrutan del arte; en otras palabras, el mecenas, que en el mundo actual va en camino a la extinción. En segundo lugar están las donaciones, entendiéndose por estas los aportes de privados que tiene como incentivo beneficios tributarios y el desarrollo de imagen corporativa. En tercer lugar tenemos el financiamiento del Estado a través de los fondos concursables y aporte directos a actividades artísticas e instituciones de relevancia nacional. Y por último, el dinero que entra por la venta de entradas a un evento, es decir, por el aporte del público a través de la taquilla. Se podría decir que estos elementos constituyen la matriz, y que el desarrollo en armonía de todos tiende a garantizar estabilidad.
¿Sucede así en nuestro país? Los últimos años han estado marcados por un aumento de los dineros públicos destinados a fondos concursables, teatros regionales, orquestas juveniles, etc. Todas obras de gran importancia e innegable valor formativo. Sin embargo, por otro lado, la modificación de la Ley Valdés que funcionó sin problemas durante 10 años, hizo que las donaciones de privados disminuyeran, lo que provocó un fuerte golpe para muchas instituciones y corporaciones que dependían de éstas. Al introducir la categoría de donación social, se redujo el monto total que se permite deducir a un 4,5%, dejando el 33% de esto último a un fondo común. En otras palabras, el aporte privado vio dificultado su accionar, ya que los incentivos habían disminuido y las exigencias habían aumentado. Hoy los proyectos sea aglutinan y muchas veces los donantes ignoran el destino de su aporte.
Y por otro lado, muchos espectáculos de música clásica y de arte visual, como la música cámara, exposiciones, etc., son gratuitos, lo que no es negativo en su esencia, pero sí lo es el predominio casi total de esta modalidad, independiente del poder adquisitivo del público, que no desarrolla el hábito de pagar por un espectáculo artístico. Esto determina que en el momento que la institución que contrata no pueda pagar íntegramente a los artistas, cueste demasiado trasladar o compartir el pago con el aporte que da el espectador, que es quién, al fin y al cabo, elige asistir al evento cultural.
El problema radica en que en tiempos de vacas flacas y crisis económica, las actividades artísticas no son la primera prioridad, lo cuál es entendible. Si el Estado decide destinar mayores recursos a otras áreas, se tendrá que recurrir a otros aportes para financiar la cultura, como los privados, y los aportes de taquilla. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una ley que dificulta el aporte directo de empresas, aumenta el papeleo y termina desincentivando las donaciones? ¿Qué pasa con un público que no ve en un concierto u otro evento la necesidad de pagar como las veces que asiste al teatro o al cine? ¿Que pasará cuando los fondos concursables, no den abasto y en vez de dar dinero a mil proyectos sólo puedan dar a diez? Por lo tanto, la única manera de garantizar un desarrollo que sobreviva a tormentas de este tipo, es diversificando la matriz e incentivando los aportes desde distintos puntos que permitan que el debilitamiento de un eje sea compensado por el otro.
Estado, privados y auditores forman parte de la cadena de desarrollo artística. Todos tienen un rol, y por lo tanto, hay que potenciar los incentivos y facilitar las posibilidades de financiamiento.
¿Medidas posibles? Permitir a personas naturales destinar parte de sus compromisos tributarios a actividades con fin cultural; devolver la especificidad de la ley de donaciones culturales; facilitar los mecanismos que permitan cobrar una entrada a un evento artístico dependiendo del poder adquisitivo del público al cual se dirige; y mantener los fondos concursables potenciando una focalización a artistas jóvenes de calidad que producto de su corta trayectoria les sea difícil conseguir aportes privados, dejando estos últimos a artistas de probado y reconocido prestigio en su medio.
Publicado en La Tercera Online:
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